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¿Debemos regular la publicidad oficial?

Debemos regular la publicidad oficial?

ACERCA DEL AUTOR Luis Eduardo Velázquez

Licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García con estudios en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en temas de Libertad de Expresión, Derecho a la Información de la Sociedad, y asuntos de política y electorales.


El colectivo #MediosLibres, integrado por académicos, organizaciones civiles y algunos medios de comunicación y periodistas, ha elaborado una iniciativa de ley para regular la Publicidad Oficial y derogar la llamada “Ley Chayote” en México. Este es un debate que trasciende a la esfera global.

La propuesta legislativa establece siete títulos con 71 artículos, con lo que, aseguran, van a atacar la censura, las malas condiciones laborales, la falta de garantías en seguridad y el condicionamiento de las líneas editoriales en el ejercicio del periodismo.

Tras una revisión, se observan avances loables, pero serias contradicciones, y una de ellas sobre regulación, dado que plantean muchas atribuciones ya establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la aplicación de sanciones, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el procedimiento de compra y contratación de publicidad oficial, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la máxima publicidad de la información y la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Esta iniciativa deja de lado la principal pregunta al problema ¿Qué órgano va a garantizar la distribución igualitaria y equitativa de la pauta de la publicidad oficial?

Todos coincidimos en que hoy hay una asignación discrecional y arbitraria, pero se debe ser muy cautelosos al tocar ese tema, ya que, en la mayoría de países, se ha centrado en la autorregulación.

La iniciativa de #MediosLibres pretende dar facultades a los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y al INEGI, para que creen padrones y certifiquen audiencias.

En el caso del INAI, resultan graves las atribuciones que le plantean, debido a que es un órgano con la facultad de garantizar el acceso a la información, pero en la propuesta de ley se encargaría de la regulación del contenido, lo cual queda fuera de su esfera de actuación.

En el caso del INEGI, resultan ambiguas las atribuciones que se le quieren dar para la regulación de un nuevo mercado.

Más polémico resulta aún el planteamiento de requisitos que se establecen para la creación de un padrón, donde se busca obligar a los medios a la creación de códigos de ética o a la inclusión de defensores de audiencias, lo que ya está dispuesto en la normatividad del IFT.

En resumen, buscan desarrollar los siguientes principios:

  1. Establecimiento de leyes especiales, claras y precisas.
  2. Objetivos legítimos de la publicidad oficial.
  3. Criterios de distribución de la pauta estatal.
  4. Planificación adecuada.
  5. Mecanismos de contratación.
  6. Transparencia y Acceso a la información.
  7. Control externo de la asignación publicitaria.
  8. Pluralismo informativo y publicidad oficial.

Sin embargo, muchos de ellos dependerían de reformas a otras normas, como la Ley Federal del Trabajo, o bien, ya están considerados en otras normas.

Es decir, la propuesta de ley resulta ser una ley para reglar la aplicación de otras leyes

El debate está abierto y se debe dar de manera amplia, porque existe la sospecha de que este producto legislativo ha sido realizado de la mano del grupo cercano al gobierno que asume el poder el próximo 1 de diciembre en el país.

La iniciativa se enfoca a buscar una regulación de redes sociales, lo cual es jugar con fuego y puede ser un arma de dos filos que atentaría incluso contra la libertad de expresión, o, en su caso, sería difícil determinar los límites.

Un tema de relevancia es que se deja fuera los conceptos de periodista y colaborador periodístico, que ya han sido avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, se incluye el concepto de “influenciadores”, a quienes definen como “personas que cuentan con cierta credibilidad o reconocimiento sobre un tema, o bien figuras públicas que, por su presencia e influencia en redes sociales, puede llegar a convertirse en un prescriptor relevante para una campaña o comunicación gubernamental”.

En su artículo 10 plantea la siguiente restricción:

“No podrá realizarse publicidad oficial en el período de publicidad electoral establecido en la Ley de la materia, salvo la emanada de las autoridades electorales en relación con la organización de las elecciones e información a la población, a los servicios o productos que se presten en régimen de competencia o en caso de emergencia debidamente fundada”.

Ello se vuelve en un fuerte golpe para los medios en los periodos donde incluso amplían sus coberturas.

Esto, junto con la propuesta de que la suma total del presupuesto erogado no sea mayor al 0.05 por ciento del presupuesto federal, resulta un contrasentido cuando lo que se demanda es estabilidad laboral para el gremio y mejores prestaciones.

¿Cómo exigir a los empleadores esas garantías laborales ante tales restricciones?

La propuesta de ley impulsada por Artículo 19 y Fundar abre como novedad la creación de un fondo para capacitar y promover proyectos de periodistas, que, de alguna manera, busca darle financiamiento a organizaciones que no ejercen el periodismo. 

Es un rubro que podría resolverse en alguna otra política pública, pero no en una Ley de Publicidad Oficial.

Una vez abierto este debate, es necesario no perder de vista que el objetivo primario ya está definido en la Constitución, en su artículo 134, que a la letra dice:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Ese objetivo se debe cumplir con un marco legal más extenso para garantizar el libre ejercicio del periodismo. 

Por ahora, está abierta la posibilidad de legislar el tema en este periodo ordinario, y hay que estar atento a su discusión para que sea con la mayoría del gremio, y su resultado sea el mejor producto legislativo posible para fortalecer nuestra democracia.